Sobre la Violencia de Género

El Grupo Municipal Popular de este Excmo. Ayuntamiento, al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción:
Instar a La Junta de Andalucía, de acuerdo con la Administración General del Estado, a poner en marcha con carácter prioritario un Plan de Seguridad Personal para la protección de las Víctimas de Violencia Doméstica en Andalucía, en situaciones de grave riesgo que incluya medidas personalizadas a través de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso si fuera necesario con la Seguridad Privada
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Constitución Española establece en su artículo 15 como derecho fundamental el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Asimismo el estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 16 que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.
Sin embargo, este derecho no es una realidad en nuestra tierra, en Andalucía, en el año 2007 ocho mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas. El 25 de septiembre de 2008 según datos del Ministerio de Igualdad, en Andalucía ya han muerto 6 mujeres víctimas de violencia de género a la que hay que sumar la fallecida en Nerja el pasado 29 de septiembre, de las 48 muertas en España, es decir el 12’5% de las mujeres muertas a manos de sus maltratadores fueron andaluzas.
Uno de los problemas mas graves a los que se enfrenta la sociedad andaluza es el de la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar. Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género, existen en el primer trimestre de 2008, 1.225 órdenes de protección de víctimas acordadas por los juzgados. Asimismo el análisis de la memoria de la Fiscalía en relación con la violencia de género manifiesta que un tercio de las víctimas habían denunciado a sus maltratadores. Esto manifiesta que la violencia contra la mujer no cesa y que además las mujeres se sienten desprotegidas porque a pesar de contar con órdenes judiciales de alejamiento las medidas no funcionan, y siguen muriendo a manos de sus maltratadores.
Las órdenes de alejamiento y denuncias no suponen mas que la punta del iceberg de un problema real porque los expertos calculan que únicamente
se denuncian de un 10 a un 30% de los casos de maltrato realmente producidos.
Existen muchas causas por las que las mujeres no denuncian (dependencia económica, dependencia psicológica, el desconocimiento de sus derechos, la desconfianza en la justicia). En todas y cada una de estas causas hemos de trabajar y aunar esfuerzos los poderes públicos: formación, capacitación profesional de las mujeres, igualad real de salarios y oportunidades de empleo, e igualdad e información de sus derechos desde la educación primaria.
Pero si hay una que es imprescindible es evitar que las mujeres víctimas tengan miedo a las represalias del maltratador, miedo mas que justificado, ya que en cuanto se dan os pasos para salir de la situación se eleva el riesgo de sufrir lesiones, e incluso perder la vida de las víctimas.
Es necesario que los poderes públicos sumamos nuestra responsabilidad, hay una gran carencia de recursos en España especializados de atención a las victimas de violencia de género y, sobre todo de protección a las víctimas con un mayor grado de peligrosidad. Hoy en día, es una actuación sumamente irresponsable insistir en que la mujer lleve a cabo procesos de afrontamiento frente al maltratador completos y en una absoluta soledad, ya que tras denunciar al maltratador y romper el vínculo de convivencia, e incluso obteniendo una orden judicial de alejamiento , carece de una red pública de apoyo adecuado lo que, desgraciadamente le lleva a arriesgar su propia vida y la de sus hijos mientras Los responsables públicos aplauden su valentía pero no protegen su integridad física.
Por todo ello, estimamos necesario la puesta en marcha de medidas urgentes, que aborden los problemas que sufren las mujeres víctimas de violencia de género, y especialmente en el ámbito de su seguridad, la Junta de Andalucía no puede mirar para otro lado, no puede seguir anunciando y vendiendo planes , y así la cruda realidad demuestra que el Acuerdo por el que se aprueba el Procedimiento de Coordinación Institucional para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas en Andalucía, suscrito el 24 de Noviembre de 2005 en presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, por el Delegado del Gobierno en Andalucía, la Consejera de Gobernación, la Consejera de Justicia y Administración Pública, la Consejera de Salud, la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, y el Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y que contiene los compromisos adquiridos por tales instituciones para combatir la violencia de género en Andalucía, ha sido un fracaso.
Ante esta grave situación debe existir consenso entre las distintas fuerzas políticas, representantes a su vez, de la sociedad andaluza, así como la colaboración entre las distintas Administraciones públicas.
Por todo ello el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que se adopte los siguientes,
ACUERDOS:
1. Instar a la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Administración General del Estado, con carácter prioritario, a poner en marcha un Plan de Seguridad Personal para la protección de las Víctimas de Violencia Doméstica en Andalucía, en situaciones de grave riesgo que incluya medidas personalizadas a través de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso si fuera necesario con la Seguridad Privada.
2. Igualmente y dentro de esta colaboración, establecer un sistema intermedio de seguridad para cubrir las actividades cotidianas fijas en caso de grave riesgo para las victimas.
Benalup-Casas Viejas, a 9 de octubre de 2.008.
EL PORTAVOZ
VICENTE PEÑA ROMERO