El PP ha denunciado ante la Fiscalía y se ha ratificado en la denuncia el pasado viernes, que 1.717 expedientes sancionadores por irregularidades urbanísticas incoados por el equipo de gobierno socialista desde 2003 a 2006 sólo se cobraron 10. Es decir, 1707 expedientes fueron olvidados en un cajón y tal olvido tuvo consecuencia la pérdida de más de 100 millones de uros para el Ayuntamiento de Chiclana. Según el criterio del fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángel Núñez, (ascendido recientemente a Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo) en el ámbito urbanístico, la prevaricación no se deriva solamente de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino que es consecuencia de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística. Según este criterio, los alcaldes socialistas que han gobernado Chiclana desde 1983 podrían ser acusados de dicho delito habida cuenta que en sus mandatos las viviendas ilegales han llegado ser 40.000. Muy especialmente podría serlo el último de ellos, José María Román, porque bajo su etapa de gobierno se han visto "olvidados" nada menos que 1.707 expedientes de irregularidades urbanísticas. Sin embargo, la fiscalía de Cádiz no ha abierto en todo ese período una investigación especial sobre el caso Chiclana a pesar de las similitudes con el caso Astapa, de Estepona.
Según el criterio del fiscal, los alcaldes socialistas de Chiclana habrían prevaricado desde 1983
Por Andalucía Libre - martes, 11 de noviembre de 2008
Por Andalucía Libre - martes, 11 de noviembre de 2008
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