Quien hizo la ley, hizo la trampa

 La Junta de Andalucía, tarde y mal hace un decreto para las viviendas ilegales de Andalucía.Según ellos con el fin de hacer legales estas viviendas pero si la leen de forma tranquila verán como por un lado las viviendas siguen siendo no legales y además si hay sentencias de demolición o multas, no se eliminarán con lo cual , aunque parece que es la panacea, lo que intentan simple y llanamente es quitarse el problema de encima y echárselo a otro, en este caso a los ayuntamientos.

El reciente Decreto aprobado:

1. Es electoralista, porque cada vez que ha habido una cita electoral los socialistas han prometido la legalización de las viviendas. Y es ahora al final de la legislatura, y ante las elecciones autonómicas cuando aprueban este decreto.
2. Llega TARDE. Desde la ley del suelo de Andalucía 2002, no se ha desarrollado un Reglamento que regule las construcciones en el Suelo No Urbanizable. Tampoco se ha desarrollado el resto de Reglamentos de la Ley, fundamentales para su correcta aplicación.
3. No se han adaptado los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) en el 90% de los municipios de Andalucía. Y un 40% lo han hecho de forma parcial, pero sigue quedando un 50% de municipios que no han actualizado sus PGOU, pudiendo haber sido la vía para la regularización de estas viviendas
4. Sin embargo los vaivenes de la política socialista y la falta de impulso han hecho que esto ocurra, entre otras razones porque aprobaron el POTA con límites al crecimiento que dejaron a muchos PGOU en el cajón sin poder aprobarse.
5. No se ha hecho el desarrollo reglamentario de la ley. Sólo hace unos meses se aprobó el Reglamento de Disciplina Urbanística, fundamental para haber frenado este fenómeno provocado por la pasividad de la Junta.
6. Muchas viviendas tienen licencias, pagan contribución, impuestos a la Junta…no tienen excusas para no haber actuado.
7. NO ABORDA EL PROBLEMA DE RAIZ, que es la posibilidad de vivir en el campo, en urbanizaciones o en viviendas aisladas, en algunos casos de 2ª residencia.
8. No modifica la LOUA: en este aspecto, ni siquiera se recoge en la exposición de motivos.
9. La Junta se lava las manos con este decreto, y engaña a los ciudadanos porque con este decreto las viviendas ilegales seguirán siendo ilegales. Lo único que se hace es “reconocerlas” como en situación legal de Fuera de Ordenación, o en situación de Asimilado a Fuera de Ordenación.
10. No han contado con los ayuntamientos para nada sin embargo deja el problema en el tejado de los ayuntamientos una vez mas. Sin hacer ni la mas mínima autocrítica por el daño medioambiental ni apoyar con medios la posible regularización.

   11. No se garantiza el abastecimiento de los suministros básicos de forma inminente.

12. No se contempla la situación compleja de las familias que tienen sentencias de demolición.

13. No se contempla la situación de familias que ya han demolido sus viviendas y tienen que pagar sanciones desorbitadas. 

14. Los ayuntamientos en algunos casos han abusado y en otros no han dispuesto de medios para afrontar esta situación. La Junta creo las OTAU para asesorar a los municipios y no se hicieron los PGOUS…

15. No se pueden demoler 300.000 viviendas en Andalucía.

En definitiva la Junta lo que propone es que los asentamientos se incorporen mediante la redacción del PGOU, para lo que relaja los límites del POTA y los estándares de dotaciones previstos en la ley. Y para las viviendas aisladas que no sea posible incorporar a los planes sigue prohibiendo expresamente el uso residencial salvo que este vinculado al uso agropecuario.

En definitiva es un PROCEDIMIENTO LENTO, FARRAGOSO Y AMBIGUO QUE DEJARA A LAS VIVIENDAS EN UN LIMBO LEGAL, JURÍDICO, a las que sólo se les permite obras de consolidación ni siquiera de reforma.

El Partido Popular, considera que es preciso arbitrar medidas más ágiles, introduciendo cambios legales en la LOUA 2002, y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, la posibilidad de establecer suministros básicos y la protección de compradores de buena fé.

No creemos que se deba articular una amnistía general, pues las viviendas en suelos de especial protección inundables no se podrán legalizar en ningún caso. Pero se debe facilitar a los propietarios la posibilidad de contribuir a la normalización de su situación urbanística sin que afecte a las arcas municipales.