Por Andalucía LIbre
Estos días nos vuelve a sorprender el gobierno de la Junta de Andalucía al anunciar que todos aquellos que ganen menos de 3.000 euros al mes tendrán ¿derecho? a un piso y que su hipoteca no les supondrá más de 1/3 de sus rentas. Y la sorpresa viene de que a falta de 6 meses para las elecciones autonómicas se nos lance esta propuesta que no tiene aun continente ni contenido, pero nos indican que en la próxima legislatura se le dará forma. Me viene a la memoria cuando no hace muchos años, los mismos prometieron pagas a las amas de casa. ¿Y qué ha sido de esta propuesta que tuvo hasta un especial en el diario El País? Pues no lo sabemos, como no sabremos nunca qué pasó con aquello de las vacaciones a las amas de casa.
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El 88% de los asalariados españoles tendría derecho a una vivienda como la que quiere garantizar Chaves
Casi 15,5 millones de asalariados tendrían derecho a adquirir una vivienda con ayudas públicas si se siguen los criterios de acceso que la Junta de Andalucía pretende garantizar en su comunidad. Son las personas que el año pasado percibieron un salario inferior a 3.000 euros al mes, la barrera que establece el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda de Manuel Chaves. Suponen el 88% de los 17,6 millones de declaraciones presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según cálculos efectuados por el PP.A esta elevada cifra habría que suprimir las personas que ya poseen una primera vivienda y las que llevan menos de cinco años empadronadas en un municipio. Además, la Junta establece que las adjudicaciones se realizarán únicamente a ‘unidades familiares’. Estos son los requisitos básicos del Gobierno andaluz para acceder a las viviendas. La Junta no ha revelado, por ahora, el impacto económico de esta ley. A lo más, sostiene que se beneficiarán 300.000 ‘unidades familiares’ en los próximos diez años, lo que implica un millón de personas. Son datos de un estudio que encargó a un grupo de trabajo formado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía y el departamento de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, entre otros. –El Confidencial.com-
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