Publicado en La Voz de Cádiz.
La carretera interior que une Medina con Benalup, muy cerca de la autovía Jerez-Los Barrios, concentra en el paraje de San José de Malcocinado una de los mejores urbanizaciones de chalés de La Janda. El único inconveniente que tiene este conjunto residencial, algunos de alto standing, es que se trata de construcciones ilegales. «La situación se ha ido de las manos y hay que poner freno». De esta forma tan gráfica se justificaba el alcalde de Medina Sidonia, el socialista Francisco Carrera, el anuncio de demolición de unas 200 viviendas ilegales que se han levantado sin permiso en suelo no urbanizable. El Ayuntamiento ha impuesto multas de hasta 24.000 euros a los infractores, pero no ha sido suficiente para zanjar el asunto El futuro plan urbano de Medina -en trámite de aprobación inicial en estos momentos- no prevé en ningún caso la reconversión de esta zona rústica en suelo urbanizable. De hecho, en el mismo paraje hay un espacio a proteger. Por esta razón se ha decidido cortar por lo sano y poner coto a la expansión ilegal. Para ello, el Ayuntamiento ha pedido ayuda a la Subdelegación de Gobierno, a la Junta de Andalucía y a la propia Agencia Tributaria. La aparición de viviendas clandestinas en la zona de Malcocinado se había disparado en los últimos cinco años pese a las inspecciones municipales. Las triquiñuelas legales que habían encontrado algunos propietarios de fincas permitían parcelar y escriturar mediante la constitución de sociedades anónimas. El siguiente paso era levantar a toda prisa la estructura del inmueble, abrir un pozo para la extracción de agua pinchando el acuífero y acabar canalizando las aguas fecales a una fosa séptica. El último trámite es enganchar la luz a de forma clandestina a una torre eléctrica. Cabe recordar que esta práctica está poniendo en serio peligro a las aguas subterráneas de la zona.Desde el consistorio de Medina se ha puesto de manifiesto que el municipio cuanta con una población de 11.000 habitantes y una extensión de 50.000 hectáreas «y es imposible controlar cada metro cuadrado, porque sólo tenemos 15 agentes de la Policía Local». El alcalde declaró a este periódico que los expedientes urbanísticos con orden de demolición se elevarán a los jueces para que sea una sentencia la que obligue a su derribo. Las viviendas clandestinas que se han levantado en Malcocinado carecen de licencia y son segunda residencia, «y la mayoría de sus inquilinos viene de vacaciones o los fines de semana y son de fuera del municipio». El fiscal que lleva la acusación en el juicio contra el clan del Cagalera, que se vienen celebrando en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, elevó ayer a finales las calificaciones presentadas en la primera sesión de la vista oral. Aunque introdujo una novedad en sus peticiones de pena iniciales, al considerar que cuatro de los 18 procesados incurrieron en la agravante de conspiración, para lo que solicita entre tres y cuatro años más de cárcel.
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