Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se pone de relieve la lucha de la mujer por la consecución de una verdadera y plena igualdad con respecto al hombre en todos los ámbitos tanto personales como sociales.
Es igualmente una fecha en la que todos los poderes públicos, organizaciones políticas y sociales e instituciones, reafirman, por una parte, su compromiso para, a través del trabajo conjunto, alcanzar el logro de la igualdad en todos los órdenes y, por otra, el reconocimiento público y colectivo de lo conseguido por las mujeres.
Pero del mismo modo, es un buen momento para recordar que es mucho lo que queda por recorrer para que la mujer se sitúe en pie de igualdad con respecto al hombre y que llegado ese momento, podremos hablar de una sociedad más justa, más social, más desarrollada y más igualitaria.
La Constitución Española establece en su artículo 14, “la igualdad de los españoles ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Asimismo el Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en el artículo 10.2, que “la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social”.
Por último, se contempla en nuestra máxima norma andaluza, el derecho que tienen las mujeres a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas (artículo 16).
Por otra parte, en Andalucía contamos con la Ley 13/2007, de 26 de diciembre, de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género y de la Ley 12/2007, de 26 de diciembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Sin embargo, pese a lo dispuesto en distintos textos legislativos, la mujer sigue estando discriminada en todos los ámbitos de su desarrollo personal, siendo en Andalucía esta desigualdad más acuciante que en el resto del país.
Nuestra Comunidad encabeza el ranking de paro femenino. La tasa de paro de la mujer andaluza (24.64%) es casi 10 puntos superior a la media nacional (15.14%) y casi 16 puntos superior a la de la UE (9%). El 26,60% de las paradas españolas son andaluzas. Más de 1 de cada 4 mujeres en paro en España es una mujer andaluza.
Las trabajadoras andaluzas soportan la mayor tasa de temporalidad registrada en España, sólo 58 de cada 100 asalariadas tiene un empleo estable.
Andalucía es la Comunidad con más desempleadas de larga duración. El 33.61% de las mujeres que en España llevan más de dos años buscando un empleo son mujeres andaluzas. Son ya 64.000 mujeres andaluzas las que no encuentran empleo desde hace más de 2 años, el doble que el número de hombres desempleados de larga duración en Andalucía (30.800). Además, la brecha salarial media anual entre las mujeres y los hombres en Andalucía es de un 26, 57% (España 26.3%).
Las diferencias salariales también tienen su reflejo en las empresas públicas, y muy especialmente en el caso de Andalucía. La mujer que trabaja en las empresas públicas andaluzas cobra un 24.6% menos que un hombre de salario medio anual, mientras que en el conjunto nacional esa diferencia salarial de mujeres y hombres en empresas de control público es de un 19%. Esto quiere decir que las andaluzas ocupan menos puestos de responsabilidad y acceden a empleos menos remunerados en las empresas públicas.
Las mujeres andaluzas soportan una brecha salarial no sólo de género, también perciben una retribución inferior a la media de las mujeres del conjunto nacional, de manera que una andaluza cobra anualmente un 13% menos de lo que cobra de media una mujer en el conjunto de España.
Además, la mujer sufre la lacra de la violencia de género, que supone la máxima expresión del ataque a la integridad y a la igualdad que sufre la mujer por el hecho de serlo.
En lo que llevamos de 2009, y según el Ministerio de Igualdad a 23 de febrero, se han producido en España 4 casos de víctimas mortales de violencia de género, dos de ellas en Andalucía, a los que hay que sumar un caso más en proceso de investigación en la provincia de Sevilla.
Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género, durante el tercer trimestre de 2008, se han incoado 1.905 órdenes de protección de víctimas, de las que se adoptaron 1.538, es decir, el 80%. Según la misma fuente, del total de las órdenes incoadas, casi el 95% fueron a instancia de la víctima.
Es por todo esto evidente que las políticas públicas deben incidir en erradicar la situación de desigualdad e indefensión en las que se encuentran las mujeres y que es más necesario que nunca el consenso entre las distintas fuerzas políticas, representantes, a su vez, de la sociedad andaluza, así como la colaboración entre las distintas Administraciones públicas, con el fin de poner en marcha todos los mecanismos que permitan el logro de la igualdad plena y real entre hombres y mujeres.
Por último, se contempla en nuestra máxima norma andaluza, el derecho que tienen las mujeres a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas (artículo 16).
Por otra parte, en Andalucía contamos con la Ley 13/2007, de 26 de diciembre, de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género y de la Ley 12/2007, de 26 de diciembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Sin embargo, pese a lo dispuesto en distintos textos legislativos, la mujer sigue estando discriminada en todos los ámbitos de su desarrollo personal, siendo en Andalucía esta desigualdad más acuciante que en el resto del país.
Nuestra Comunidad encabeza el ranking de paro femenino. La tasa de paro de la mujer andaluza (24.64%) es casi 10 puntos superior a la media nacional (15.14%) y casi 16 puntos superior a la de la UE (9%). El 26,60% de las paradas españolas son andaluzas. Más de 1 de cada 4 mujeres en paro en España es una mujer andaluza.
Las trabajadoras andaluzas soportan la mayor tasa de temporalidad registrada en España, sólo 58 de cada 100 asalariadas tiene un empleo estable.
Andalucía es la Comunidad con más desempleadas de larga duración. El 33.61% de las mujeres que en España llevan más de dos años buscando un empleo son mujeres andaluzas. Son ya 64.000 mujeres andaluzas las que no encuentran empleo desde hace más de 2 años, el doble que el número de hombres desempleados de larga duración en Andalucía (30.800). Además, la brecha salarial media anual entre las mujeres y los hombres en Andalucía es de un 26, 57% (España 26.3%).
Las diferencias salariales también tienen su reflejo en las empresas públicas, y muy especialmente en el caso de Andalucía. La mujer que trabaja en las empresas públicas andaluzas cobra un 24.6% menos que un hombre de salario medio anual, mientras que en el conjunto nacional esa diferencia salarial de mujeres y hombres en empresas de control público es de un 19%. Esto quiere decir que las andaluzas ocupan menos puestos de responsabilidad y acceden a empleos menos remunerados en las empresas públicas.
Las mujeres andaluzas soportan una brecha salarial no sólo de género, también perciben una retribución inferior a la media de las mujeres del conjunto nacional, de manera que una andaluza cobra anualmente un 13% menos de lo que cobra de media una mujer en el conjunto de España.
Además, la mujer sufre la lacra de la violencia de género, que supone la máxima expresión del ataque a la integridad y a la igualdad que sufre la mujer por el hecho de serlo.
En lo que llevamos de 2009, y según el Ministerio de Igualdad a 23 de febrero, se han producido en España 4 casos de víctimas mortales de violencia de género, dos de ellas en Andalucía, a los que hay que sumar un caso más en proceso de investigación en la provincia de Sevilla.
Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género, durante el tercer trimestre de 2008, se han incoado 1.905 órdenes de protección de víctimas, de las que se adoptaron 1.538, es decir, el 80%. Según la misma fuente, del total de las órdenes incoadas, casi el 95% fueron a instancia de la víctima.
Es por todo esto evidente que las políticas públicas deben incidir en erradicar la situación de desigualdad e indefensión en las que se encuentran las mujeres y que es más necesario que nunca el consenso entre las distintas fuerzas políticas, representantes, a su vez, de la sociedad andaluza, así como la colaboración entre las distintas Administraciones públicas, con el fin de poner en marcha todos los mecanismos que permitan el logro de la igualdad plena y real entre hombres y mujeres.
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